Entrevista a Isabel Goicoechea Aranguren

Entrevista a Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria del Ministerio del Interior.

Isabel Goicoechea Aranguren, subsecretaria del Ministerio del Interior, nació en Bilbao en 1963. Licenciada en Derecho, es Letrada Asesora de Empresas por el ICADE y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1986.

Ha desempeñado numerosos cargos a lo largo de su carrera profesional, entre otros: directora general del Secretariado del Gobierno (2004-2010), subdirectora general de personal del Ministerio de Administraciones Públicas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), directora del Gabinete Técnico del Secretario General de Administración Digital.

USEC: Bienvenida a nuestras páginas, Sra. Goicoechea. ¿Es España un país seguro?

Isabel Goicoechea: España es uno de los países más seguros del mundo según los indicadores internacionales más utilizados.

Y lo es como consecuencia de la integración de las políticas de seguridad –no sólo seguridad ciudadana, sino protección frente a emergencias, protección internacional, seguridad vial-.

El actual equipo del Ministerio del Interior cree firmemente que invertir en seguridad, en medios personales y en medios materiales, es fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades públicas, sobre el que pivota el modelo de Seguridad 2030, un modelo que responde al mandato recogido en el artículo 9.2 de la Constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

La función del Ministerio del Interior es hacer de nuestro país un entorno seguro en el que ejercitar plenamente nuestros derechos y libertades, y eso se lleva a cabo desarrollando un conjunto de servicios públicos que permiten dar respuesta a los retos que, en la sociedad actual, nos exigen los ciudadanos.

Como ha asegurado nuestro Ministro en muchas ocasiones, importa qué servicios públicos se prestan, importa cómo -con qué medios- se prestan, e importa para qué se prestan.

La integración de las diferentes facetas de la política de seguridad es una necesidad ontológica: todas ellas tienen en el centro de su definición y desarrollo a las ciudadanas y los ciudadanos, destinatarios de la acción pública.

Estamos haciendo un gran esfuerzo por recuperar la seguridad como un bien público; hemos puesto en marcha el modelo de Seguridad 2030, mediante un conjunto de actuaciones que coordinan el esfuerzo de muchos miles de empleados públicos que, en los ámbitos de la seguridad ciudadana -Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, tráfico y seguridad vial, protección civil y emergencias, protección internacional –asilo-, por citar algunos, construyen esa malla de protección que nos permite a todas y todos algo tan trascendente como es decidir de qué manera queremos vivir.

Y lo hacemos en coordinación y en colaboración con otras Administraciones. Esto es muy evidente en ámbitos como la protección frente a las emergencias y catástrofes, en las que las diferentes Administraciones comparten responsabilidades, en función del nivel de la emergencia.

Construimos una nueva política de seguridad que, manteniendo la capacidad reactiva de un modelo que hace de nuestra sociedad una de las más seguras del mundo, incorpora elementos preventivos ante fenómenos cambiantes y de naturaleza transversal como pandemias, cambios climáticos o catástrofes como a las que hemos tenido que enfrentarnos en estos últimos años.

El modelo de Seguridad 2030 nace de la idea de que nuestro país es un verdadero ecosistema de derechos y de bienestar, donde los ciudadanos necesitan certidumbres en la protección de nuestro entorno físico y también de nuestro entorno virtual.

En definitiva, el modelo Seguridad 2030 se sustenta en la idea de garantizar la convivencia, de hacer plenos nuestros derechos y libertades, individuales y colectivos. Y esa idea se lleva a la práctica en el Ministerio del Interior en muy diferentes ámbitos, que van desde la lucha contra la violencia de género y la radicalización, a la protección de los ciudadanos -en especial de los colectivos más vulnerables- frente a cualquier suceso de naturaleza catastrófica; desde la protección a las víctimas del terrorismo y a quienes han tenido que escapar de sus países de origen por estar en riesgo su vida o su integridad, a la promoción de la seguridad vial; desde garantizar la seguridad y la transparencia de los procesos electorales, hasta hacer efectivo el principio de reinserción.

Son mucho más que políticas públicas: constituyen un pilar de nuestro Estado del Bienestar, que ofrece certidumbre a los ciudadanos.

En definitiva, la consideración de que las instituciones se legitiman, también, por el modo en el que prestan sus servicios públicos, exige una visión integradora de las distintas facetas de la seguridad centrada en los ciudadanos.

Y quiero recalcar la dedicación y la profesionalidad de los 190.000 empleados públicos del Ministerio del Interior, que son quienes verdaderamente hacen posible que la nuestra sea una de las sociedades más libres y seguras del mundo, que podamos disfrutar de ese entorno seguro para el ejercicio de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras libertades.

USEC: ¿Qué objetivos principales persigue el desarrollo de las políticas públicas de su Subsecretaría?

Isabel Goicoechea: Los objetivos de las políticas desarrolladas desde la Subsecretaría quedan reflejados en el Presupuesto de la Subsecretaría para 2023, un Presupuesto que nos permitirá avanzar en las políticas de mejora de la seguridad de nuestras ciudadanas y ciudadanos.

Además de las funciones transversales que tienen atribuidas las Subsecretarías de los Departamentos (gestión presupuestaria, económica y contratación pública, recursos humanos, impulso de la calidad, innovación y tecnologías, servicios generales, seguimiento de proyectos desarrollados con los Fondos Europeos de Recuperación..), la peculiaridad de la Subsecretaría del Interior es que lidera cuatro políticas públicas de seguridad que tienen incidencia directa en el bienestar de nuestros ciudadanos.

La Subsecretaría del Interior tiene atribuidas competencias en materia de tráfico y seguridad vial, de protección internacional, la gestión de los procesos electorales, de protección civil y emergencias y de apoyo a las víctimas del terrorismo.

Para el desarrollo de estas competencias, contamos en este año 2023 con un Presupuesto de 937,2 millones de euros, si bien la cifra tiene mucho que ver con los procesos electorales que se van a celebrar a lo largo del año.

Además de desarrollar las competencias que tiene encomendadas, tanto las transversales propias de las Subsecretarías, como las políticas públicas singulares de esta Subsecretaría del Interior, nuestro Presupuesto se destinará en el presente año, en particular:

• a reforzar nuestro capital humano (propiciar la incorporación de nuevos efectivos que compense la relación entre los efectivos disponibles y las funciones y la carga de trabajo real);
• a renovar nuestras infraestructuras (entrará en funcionamiento la nueva sede de la Oficina de Asilo y Refugio, y continuarán implementándose mejoras en materia de eficiencia energética en todas las sedes del Ministerio);
• a impulsar los procesos de transformación digital (tanto para la puesta en marcha de la “Oficina de Calidad para la Transformación Digital” -que simplificará, estandarizará y reducirá el desarrollo de nuevas aplicaciones, más homogéneas, más fiables y menos costosas de mantener-, como para implantar un proyecto pionero, el “Puesto de trabajo de nueva generación” -que permitirá diseñar el trabajo no presencial de forma más eficiente y segura-);
• a lograr la máxima eficiencia en la gestión de los recursos que tenemos asignados.

USEC: En el USEC Bilbao Congress 2022 expresó: “En materia de Seguridad, la cooperación es fundamental y también la creación de un marco común en el que integremos nuestras capacidades”. ¿Se llevan estas premisas a la práctica?

Isabel Goicoechea: Como he comentado, defendemos un modelo de seguridad que se basa en la consideración de la seguridad como un servicio público esencial, entendido en un sentido amplio, que va más allá del orden público, cuyo fin último es garantizar un entorno seguro y generar valor público.

Es un modelo que se enriquece con la participación de otros actores (Administraciones, ciencia, industria, voluntarios), cada cual en la medida de sus competencias y de sus capacidades. Es un modelo que se asienta en la consideración de que la seguridad es una tarea en la que diferentes actores participan para alcanzar un objetivo común.

En los momentos más críticos se ha visto que la coordinación de esfuerzos y la cooperación dan resultados. Siempre es mejorable la gestión, pero estamos convencidos de que esa mejora vendrá de la mano de la cooperación para la resolución de los problemas, que afectan a ciudadanas y ciudadanos concretos, y tanto más cuanto más vulnerables son.

Por citar sólo tres ejemplos recientes: la erupción del volcán en la Isla de la Palma, la borrasca Filomena y la concatenación de incendios del último verano han puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de aunar capacidades, conocimientos, medios personales y técnicos, para hacer frente a episodios imprevisibles de naturaleza catastrófica.

USEC: Su Departamento gestiona las políticas gubernamentales relativas a protección civil y emergencias. Tras los graves incendios e inundaciones del último año, ¿qué cambiaría del actual sistema para mejorar la coordinación entre todas las Administraciones implicadas?

Isabel Goicoechea: La mejora del sistema en general, y de la coordinación en particular, es uno de los objetivos permanentes de nuestra actuación.

Quiero hacer una breve mención al largo recorrido de la protección civil en España. En 1980 se crea la Dirección General de Protección Civil, adscrita al Ministerio del Interior, y hace unos meses hemos conmemorado los 40 años del Distintivo de Protección Civil, que es un símbolo consolidado de la cooperación y coordinación en la unidad de acción frente a las emergencias.

Su utilización por todas las Administraciones Públicas, con competencias en la materia, goza de un amplio reconocimiento e identifica al conjunto de los servicios integrados en el Sistema Nacional de Protección Civil y de las misiones que llevan a cabo, cotidianamente, en todos los rincones del territorio nacional, así como en colaboraciones extraordinarias en el exterior.

Bajo el título competencial de seguridad pública, recogido en el artículo 149.1.29ª de nuestra Constitución, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos locales ejercen competencias en materia de protección civil, conformando el escudo de protección para las personas, sus bienes, el medio ambiente y el patrimonio histórico, artístico y cultural.

Ya la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, primer marco normativo en esta materia señalaba en su Preámbulo que la heterogeneidad de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y materiales que han de ser movilizados para hacerles frente, requieren de estructuras operativas de planificación, coordinación y ordenación de los servicios públicos relacionados con cada tipo y situación de emergencia.

La vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, va más allá, al configurar el Sistema Nacional de Protección Civil, bajo el que se integran de forma armónica todas las Administraciones, en función del nivel de la emergencia, y los restantes actores intervinientes cuando acaece una emergencia con consecuencias en materia de protección civil, al ponerse en peligro la vida y la seguridad de las personas o de sus bienes.

La aprobación de la Ley 17/2015 sienta las bases para el desarrollo de un sistema moderno, plenamente adaptado a nuestra configuración político-administrativa y dotado de instrumentos adecuados de dirección y de coordinación.

Quiero subrayar algunos aspectos de la ley que me parecen especialmente significativos. El artículo 5 señala que todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe, sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención.

Asimismo, garantiza la igualdad de todos los ciudadanos al establecer que los poderes públicos velarán por que la atención en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia.

En los últimos años se ha puesto de relieve la necesidad de introducir en el desarrollo del Sistema nuevas funcionalidades que permitan a los poderes públicos continuar garantizando, con razonable eficacia, la seguridad de las personas y los bienes objeto de la protección civil.

En la última reunión del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, celebrada el pasado 24 de octubre, se aprobó, por unanimidad de los asistentes, el Plan Horizonte 2035, de Reducción del Riesgo de Desastres.

Este Plan trae causa del Acuerdo adoptado en la Conferencia de Presidentes, celebrada el 13 de marzo de 2022 en la isla de La Palma.

El Plan, un paso más en el proceso de construcción del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene por finalidad garantizar una respuesta altamente eficaz y eficiente a las emergencias y catástrofes, en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, y de forma coherente con la distribución de competencias entre las Administraciones.

En definitiva, disponemos de un modelo de gobernanza avanzado, en el que la distribución de competencias y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y administración es una de las claves del Sistema Nacional de Protección Civil y, en su desarrollo, del Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres que hemos denominado “Horizonte 2035”.

USEC: Recientemente se han realizado pruebas del sistema de avisos a la población ES-Alert. ¿Cuál es la importancia que le da al sistema y cuál es su valoración de las pruebas realizadas?

Isabel Goicoechea: El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha realizado las pruebas para verificar el adecuado funcionamiento del protocolo ES-Alert, también conocido como 112 inverso, que permite enviar alertas a la población que se encuentre en una zona afectada, o previsiblemente afectada, por una emergencia de protección civil.

Desde el mes de junio pasado, los centros de respuesta a emergencias de las Comunidades Autónomas, en coordinación con el CENEM, Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, han enviado mensajes simulados a los móviles (un pitido, acompañado de vibración, avisa de la recepción del mensaje), alertando de un riesgo de protección civil.

El sistema ES-Alert, fruto de la colaboración entre los Ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y financiado con fondos de recuperación y resiliencia, permitirá a las autoridades de protección civil de ámbito estatal y autonómico disponer de una nueva herramienta de alertas a la población que se suma a las que ya cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil.

Las pruebas han resultado altamente satisfactorias y han mostrado la eficacia del sistema.

USEC: En este momento se están realizando trabajos para la modificación/actualización de la Norma Básica de Protección Civil. Háblenos sobre su importancia y los motivos de esta modificación.

Isabel Goicoechea: Como he señalado, en nuestro compromiso por fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, impulsamos el Acuerdo que se adoptó en la Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma el 13 de marzo de 2022, que mandató al Ministerio del Interior a elaborar un Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, que tiene como eje fundamental la mejora de la prevención y respuesta a las crecientes amenazas de todo tipo vinculadas al fenómeno del cambio climático.

Insisto en la importancia que supone el hecho de que el citado Plan fue aprobado por unanimidad de todas las Administraciones, del Estado, Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias. Este grado de consenso es altamente beneficioso para el Sistema.

Pues bien, en este proceso de desarrollo de la Ley 17/2015 se enmarca la Norma Básica de Protección Civil, con las directrices básicas para la identificación de los riesgos de emergencias y las actuaciones para su gestión integral.

La Norma Básica establecerá las normas y criterios de integración de los planes de protección civil y los riesgos que deban ser objeto de planes por las Administraciones Públicas competentes, mediante su inclusión en el catálogo de riesgos planificables.

Nuestra previsión es que pueda aprobarse en el tercer trimestre del presente año.

USEC: La UME es uno de los pilares básicos del apoyo inmediato a las acciones de la protección civil de las CCAA ¿Cómo se articula la coordinación para la movilización de la UME?

Isabel Goicoechea: La Unidad Militar de Emergencias, la UME, nace para mejorar la respuesta del Estado a las emergencias, convirtiéndose en la Unidad de primera intervención de las Fuerzas Armadas en estas situaciones.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, la UME es una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

Conforme a su protocolo, la intervención de la UME podrá ser ordenada cuando se produzca determinadas situaciones de emergencia con carácter grave (independientemente de que se trate de una emergencia de interés nacional o no) entre ellas, las que tengan su origen en riesgos naturales (inundaciones, nevadas, terremotos, y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud), incendios forestales, riesgos tecnológicos (químico, nuclear, radiológico y biológico), las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, y cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.

La UME no realiza tareas de prevención, sino de planificación e intervención. Sus efectivos actúan siempre encuadrados en la Unidad a la que pertenecen y dirigidos por sus cuadros de mando. A través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, participa en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, con los medios y capacidades ofrecidos por España a los módulos europeos de este mecanismo.

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, otorga a la UME la consideración de servicio público de intervención y asistencia en emergencias, y dispone que, en caso de emergencia de interés nacional (las que afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supra autonómico, y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional) asume la Dirección Operativa de la misma, bajo la dirección del Ministro del Interior.

USEC: ¿Quién toma las decisiones operativas si está movilizada?

Isabel Goicoechea: De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 17/2015, la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección civil se efectuará principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración de otras Unidades que se precisen.

La intervención de la Unidad Militar de Emergencias, una vez valoradas las circunstancias por la Comunidad Autónoma afectada, se solicita por el Ministro del Interior y es ordenada por el titular del Ministerio de Defensa.

USEC: ¿No tiene la sensación de que, a veces, se está haciendo un uso excesivo de su apoyo?

Isabel Goicoechea: Yo no tengo esa impresión.

En primer lugar, la UME actúa únicamente en los supuestos tasados que prevé su protocolo, que están claramente definidos. Y cuando actúa, lo hace de acuerdo con la naturaleza de la emergencia.

En segundo lugar, es necesario recordar que es un medio más en caso de emergencia.

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), aprobada en 2017, establece como uno de sus objetivos la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de integrar todas las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes. Para ello prevé la colaboración de todas las Administraciones. La UME, como principal capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Protección Civil, no es ajena a este compromiso.

Creo que la intervención de la UME, como la de otros actores (por citar uno de ellos, los medios aéreos de lucha contra incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), es consecuencia de esa integración de capacidades que prevé el Sistema Nacional de Protección Civil para gestionar de forma eficaz y eficiente la respuesta ante las emergencias de protección civil.

USEC: Tras más de medio año de la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, ¿podemos hablar ya de algún resultado positivo a destacar?

Isabel Goicoechea: Nuestro objetivo no puede ser otro que continuar avanzando para hacer de nuestro sistema de movilidad un sistema más seguro.

Todos, independientemente del modo escogido para desplazarnos, debemos poder movernos de forma segura.

La Estrategia de Seguridad Vial 2030 es el medio para seguir reduciendo la siniestralidad en nuestras carreteras. Una estrategia que ha establecido como objetivo la reducción en un 50% de la cifra de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 y con los objetivos que recoge la Estrategia de seguridad vial de la Unión Europea y el Plan Mundial para el Decenio de Naciones Unidas.

Un paso importante hacia la consecución de ese objetivo ha sido la entrada en vigor, el 21 de marzo de 2022, de la modificación de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Su tramitación fue compleja: para hacerse una idea, los grupos parlamentarios presentaron 148 enmiendas en el Congreso y 83 en el Senado, un debate que ha enriquecido el texto, sin duda.

Siempre tuvimos claro que la del tráfico es una materia que requiere consenso, un consenso que ha caracterizado a lo largo de los años la política de seguridad vial en nuestro país.

En el nuevo texto encontramos el reflejo de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

Es necesario entender la seguridad vial como parte de otras políticas de diferente naturaleza. Por un lado, existen tendencias socioeconómicas exógenas a la política de movilidad que hay que tener en cuenta, como el envejecimiento de la población, la concentración de la población en ciudades, el cambio climático o las preferencias por nuevas formas de movilidad. Por otro lado, existen tendencias más endógenas, políticas que reaccionan a los factores anteriores y que pueden influir en la seguridad vial. Es el ejemplo de las políticas medioambientales, de salud o laborales que inciden en la prioridad de la agenda política.

Por primera vez en una ley de Tráfico, y como una apuesta de futuro, se incorpora la política de medio ambiente a través de la obligación para los conductores de respetarlo, y de la nueva infracción por incumplir las restricciones de circulación con motivo de escenarios de alta contaminación.

“Nuevos tiempos, nuevas normas” fue el eslogan de la campaña de información sobre las novedades de la reforma de la Ley de Tráfico, y un buen ejemplo puede ser dar cobertura legal a la acreditación del permiso de conducir en soporte digital, o la utilización de los paneles de información variable u otros medios tecnológicos para dar instrucciones o indicaciones para la regulación del tráfico.

La seguridad vial requiere la implicación de todos, y todos podemos actuar, en primer lugar, las Administraciones públicas competentes, por supuesto. Pero sólo trabajando juntos, cada parte operando sobre la base de su propia responsabilidad y conocimiento, conseguiremos alcanzar el objetivo de salvar vidas, y además, contribuir a la consecución de otros objetivos que nos reclaman los ciudadanos, como la reducción de emisiones.

USEC: Y para finalizar, ¿considera alcanzables los objetivos de la Comisión Europea para el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030?

Isabel Goicoechea: Como he comentado, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 parte de un objetivo compartido, la reducción en un 50% de la cifra de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030, en línea con los objetivos europeos y mundiales.

En 2017, los Estados Miembros de la Unión Europea reconocieron en la Declaración de la Valeta los esfuerzos realizados en la mejora de la seguridad vial durante la década 2011-2020, y se comprometieron a darles continuidad con el objetivo final de la Visión Cero para el año 2050, pero con metas alcanzables durante el decenio 2021-2030, siendo el principal objetivo para 2030 la reducción a la mitad del número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico.

Los trabajos de la Comisión Europea para definir una Estrategia Europea de Seguridad Vial para la próxima década se han concretado en el documento Marco de la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030. Próximos pasos hacia la “Visión Cero”.

La Visión Cero parte de la base de que ninguna víctima del transporte o la movilidad es aceptable, y los logros intermedios de reducción del número de muertos o heridos en el tráfico no se deben considerar como objetivos en sí mismos, sino sólo como hitos en el camino hacia el logro del objetivo final: cero víctimas (fallecidos y heridos graves) en accidentes de tráfico.

Nuestras actuaciones van en ese sentido:

•      El Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible aprobó el 14 de febrero de 2022 la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2030.

•      También se ha aprobado el Plan Estratégico del Organismo, que tiene una vigencia hasta 2030, de forma alineada con la citada Estrategia de Seguridad Vial, y que se acompaña de planes anuales (en fecha reciente se ha aprobado, por Orden del Ministro del Interior, el de 2023), en los que se relacionan las medidas concretas a implementar para cada ejercicio.

La consecución del objetivo (reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros de tráfico en un 50 por ciento de 2021 a 2030) se sustenta en el liderazgo político y la mejora de la gobernanza, la integración de las políticas de seguridad vial con otros ámbitos (movilidad, salud pública, medio ambiente), la adopción de medidas sobre todos los elementos y factores de riesgo, y la importancia de la seguridad de los usuarios vulnerables.

USEC: Muchas gracias por su tiempo, Sra. Goicoechea.

Isabel Goicoechea: Muchas gracias a ustedes, por permitirme explicar algunas de las políticas públicas que gestionamos a través de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

OSCAR ETXEBARRIA

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