La Policía Local de Málaga ha iniciado una nueva etapa en el desarrollo de las funciones de su Grupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad, que ha pasado a integrarse en la Sección de Policía Judicial y a colaborar con la Fiscalía de Discapacidad, los órganos judiciales y el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Esta evolución amplía el ámbito de actuación de una unidad creada en 2012 para intervenir en conflictos de convivencia y que, desde 2022, también asume responsabilidades relacionadas con la gestión de la diversidad y los incidentes y delitos de odio.
La colaboración con la Administración de Justicia constituye uno de los aspectos más relevantes de esta transformación. Entre las actuaciones documentadas figuran requerimientos relacionados con la localización de personas y su comparecencia para la realización de reconocimientos médico-forenses, en procedimientos que requieren la intervención coordinada de diferentes instituciones y una atención especialmente cuidadosa a las circunstancias de las personas afectadas.
La memoria de actividad correspondiente a 2025 refleja la dimensión del trabajo desarrollado por el Grupo, con 290 expedientes tramitados, de los cuales 254 corresponden a mediación policial y 36 a gestión de la diversidad. A esta actividad se suman 61 oficios dirigidos a diferentes áreas y organismos, entre ellos 12 a la Fiscalía de Discapacidad y 10 al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Málaga, cifras que permiten apreciar el alcance de su colaboración institucional.
Tras la entrevista publicada en 2024, en la que abordamos su trayectoria, organización y experiencia en mediación policial y gestión de la diversidad, el Canal de Noticias USECIM vuelve a conversar con el subinspector Manuel Montosa Alba para profundizar en el origen de estas nuevas funciones, su desarrollo operativo, los mecanismos de coordinación institucional y las implicaciones que esta experiencia puede tener para la organización y especialización de las policías locales.
USECIM: En nuestra anterior entrevista, publicada en 2024, abordamos la trayectoria del entonces Subgrupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad. Desde entonces, la unidad ha pasado a integrarse en la Sección de Policía Judicial. ¿Qué circunstancias motivaron esta reorganización y qué cambios concretos ha supuesto en sus competencias y funcionamiento?
MANUEL MONTOSA: Las circunstancias que motivaron esta reorganización respondieron a la necesidad de adaptar el organigrama del cuerpo a la realidad operativa y funcional de la actividad policial.
Si bien la mediación policial se configura formalmente como un proceso extrajudicial, las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de los años han propiciado el establecimiento de diferentes fórmulas de colaboración entre la Administración de Justicia y el Grupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad.
En este contexto, la Jefatura del Cuerpo, al constatar el incremento y la continuidad de los requerimientos formulados tanto por la Fiscalía como por los Tribunales, estimó conveniente integrar el Grupo en la Sección de Policía Judicial, junto al resto de unidades policiales que ya desarrollan funciones de colaboración y auxilio a la Administración de Justicia.
El entorno urbano de Málaga, escenario de las intervenciones policiales relacionadas con la convivencia y la gestión de conflictos.
USECIM: La memoria de 2025 recoge la colaboración del Grupo con la Fiscalía de Discapacidad, el Juzgado de Primera Instancia número 11 y el Instituto de Medicina Legal de Málaga. ¿Cómo surgió esta colaboración y qué necesidades llevaron a estos organismos a contar con una unidad especializada en mediación policial?
MANUEL MONTOSA: El Grupo interviene habitualmente en situaciones de conflictividad vecinal que, en numerosas ocasiones, tienen su origen o, al menos, pueden estar relacionadas con problemas de salud mental de algunos ciudadanos/as.
Es frecuente atender casos en los que las personas que presentan algún trastorno de salud mental atraviesan episodios de descompensación que repercuten negativamente en la convivencia y generan situaciones de alteración o conflicto en su entorno vecinal.
Ante estas circunstancias, los vecinos suelen recurrir a la Policía Local en busca de ayuda y de una respuesta que permita reconducir la situación.
Se trata, además, de situaciones complejas, ya que algunas de estas personas carecen de un diagnóstico previo, mientras que otras, aun habiendo sido diagnosticadas, no siguen adecuadamente las pautas terapéuticas prescritas. En determinados casos, esta circunstancia se ve agravada por el consumo de estupefacientes o bebidas alcohólicas, lo que puede incrementar la dificultad para abordar el conflicto.
Resulta fundamental garantizar que estas personas reciban una atención adecuada por parte de los servicios sociales y sanitarios competentes, en función de las necesidades y circunstancias particulares de cada caso, así como los apoyos necesarios para mejorar su situación personal y social.
Esta atención no debe entenderse únicamente como una medida orientada a prevenir conflictos, sino, ante todo, como una cuestión de dignidad humana, que exige reconocer la vulnerabilidad de estas personas y garantizarles una respuesta institucional adecuada, integral y respetuosa con sus derechos.
A raíz de nuestra intervención en casos de esta naturaleza, el Grupo comenzó a establecer contactos y cauces de colaboración con los Servicios Sociales y los Centros de Salud Mental de la ciudad, con el fin de facilitar la derivación de aquellos casos detectados que requerían una atención especializada y una intervención desde los ámbitos social y sanitario.
La mediación policial abre una nueva vía de colaboración con la Justicia para facilitar las valoraciones médico-forenses de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Esta colaboración nos llevó, asimismo, a interesarnos en los procedimientos relacionados con la incapacitación, así como en las actuaciones que, en este ámbito, corresponden a la Fiscalía de lo Civil. Todo ello permitió ampliar nuestra perspectiva de intervención, incorporando una dimensión de protección y atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad, más allá de la gestión estrictamente policial de los conflictos de convivencia.
El siguiente paso consistió en mantener una reunión con el fiscal especialista en discapacidad, D. Antonio González Fernández, de la Fiscalía Provincial de Málaga, con el propósito de conocer en profundidad las fases de los procesos de incapacitación y de provisión de medidas de apoyo, así como el papel que desempeña la valoración médico-forense realizada por el médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML).
Esta valoración constituye un paso clave dentro del procedimiento y, sin duda, el que entraña la mayor dificultad en su desarrollo. Esto se debe a que ni la Fiscalía ni el Tribunal disponen siempre del poder coercitivo para obligar a una persona a comparecer ante el IML para someterse a una valoración médico-forense, salvo en aquellos supuestos excepcionales previstos en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Es precisamente en este punto donde el Grupo de Mediación Policial entra en juego y adquiere un papel fundamental. Mediante la aplicación de técnicas de escucha activa, asertividad y empatía, los agentes mediadores consiguen que las personas requeridas asistan voluntariamente al IML, atendiendo así a los requerimientos de la Fiscalía y de los Tribunales de Instancia, Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Málaga.
La eficacia demostrada por el Grupo en la atención de los casos asignados por la Fiscalía propició que, con el tiempo, fuera el propio Tribunal de Instancia, Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Málaga, el que solicitara nuestra intervención para el desempeño de estas funciones. Este nuevo cauce de colaboración se estableció tras una reunión previa con su señoría D. Juan Carlos Toro Alcaide, titular del citado órgano judicial, en la que se concretaron los procedimientos de actuación y los canales de comunicación necesarios para garantizar una coordinación eficaz.
USECIM: La incorporación a la Sección de Policía Judicial representa un cambio organizativo significativo. ¿Qué funciones desempeñan actualmente sus agentes en este ámbito y cómo se delimitan respecto de las competencias de otras unidades policiales y de los propios órganos judiciales?
MANUEL MONTOSA: En la práctica, no ha supuesto un gran cambio organizativo, ya que los agentes continúan realizando sus funciones propias dentro del Grupo.
Las competencias respecto a otras unidades policiales están bien delimitadas, y todos los requerimientos de Fiscalía o de los tribunales se tramitan a través de la Unidad Central Administrativa que, a su vez, los deriva directamente al Grupo, especificando en la diligencia que debe hacerse cargo nuestro Grupo.
Esto facilita, sin duda, que dichos requerimientos, al ser nominativos para el Grupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad, nos sean asignados sin margen de error.
Cabe destacar que dichos requerimientos se realizan a través de la plataforma LexNET o mediante correo electrónico, lo cual agiliza las comunicaciones.
La colaboración entre la Policía Local y los órganos judiciales constituye uno de los ejes de trabajo abordados en la entrevista.
USECIM: Entre las nuevas actuaciones figuran requerimientos relacionados con personas con discapacidad o en situaciones de especial vulnerabilidad. ¿Qué tipo de intervenciones se les encomiendan y cómo se desarrolla el procedimiento desde la recepción del requerimiento hasta la finalización de la actuación policial?
MANUEL MONTOSA: Una vez que recibimos un requerimiento por parte de Fiscalía o del Tribunal, se le asigna el caso a un agente concreto. Dicho agente realizará un estudio previo haciendo uso de toda la documentación aportada en el requerimiento o mediante información recabada por la Policía Local (antecedentes policiales…).
Posteriormente, procederá a contactar con la persona afectada y/o sus familiares para informarle y hacerle entrega de una citación formal.
Dependiendo de las circunstancias, se valorará si es preferible el traslado de la persona al IML o la recogida del médico forense para conducirlo al domicilio de la persona citada y que pueda atenderla allí mismo. Si se diera esta última situación, previamente se informaría al médico forense de las circunstancias que han llevado a tomar tal decisión.
Una vez finalizada la valoración por el médico forense, se traslada nuevamente al sujeto a su domicilio y se remite un oficio al Tribunal o a la Fiscalía que demandó el requerimiento, haciendo constar las circunstancias apreciadas.
USECIM: Uno de los requerimientos facilitados contempla la colaboración policial para localizar a una persona y facilitar su traslado al Instituto de Medicina Legal para una valoración médico-forense. ¿Qué dificultades operativas presentan estas actuaciones y cómo las abordan los agentes?
MANUEL MONTOSA: La primera y principal dificultad radica en localizar a la persona requerida, ya que, en ocasiones, esta se encuentra en situación de sinhogarismo, lo que obliga a realizar una labor previa de investigación a partir de las intervenciones policiales anteriores, con el fin de identificar los lugares en los que habitualmente pernocta o aquellos que frecuenta.
En estos casos, la colaboración con Puerta Única (recurso de atención inmediata del Ayuntamiento de Málaga para personas en situación de sinhogarismo o grave exclusión social) resulta fundamental, ya que suelen proporcionarnos información sobre su posible paradero e, incluso, una ubicación concreta.
Localizar a personas en situación de sinhogarismo puede exigir una investigación policial previa y la colaboración con los recursos municipales de atención social.
USECIM: Estas intervenciones pueden requerir la participación de Fiscalía, órganos judiciales, profesionales médico-forenses y servicios policiales. ¿Cómo se articula la coordinación entre las distintas instituciones y qué responsabilidades corresponden específicamente al Grupo?
MANUEL MONTOSA: La coordinación se lleva a cabo mediante el contacto frecuente y directo entre todas las instituciones implicadas. Son habituales las comunicaciones telefónicas entre funcionarios de Fiscalía, la Secretaría del Tribunal y los profesionales médicos forenses del IML, con el fin de aclarar situaciones concretas y resolver las incidencias que puedan surgir durante el proceso.
En este contexto, el Grupo desempeña una función de enlace y coordinación entre los distintos organismos, actuando como elemento dinamizador que contribuye a la resolución de incidencias.
Un ejemplo de esta labor se produjo al inicio, cuando los primeros requerimientos de la Fiscalía no especificaban la fecha y hora de la cita en el IML. Para subsanar esta dificultad, me reuní con el secretario del IML, con el objetivo de establecer un procedimiento que permitiera concertar la cita en el IML antes de remitir el requerimiento al Grupo. De este modo, se mejoró la coordinación entre los organismos implicados y se agilizó la tramitación.
USECIM: La intervención con personas que pueden presentar dificultades de comprensión, comunicación o colaboración exige una atención especialmente cuidadosa. ¿Qué criterios y pautas de actuación siguen los agentes para adaptar su intervención a las circunstancias de cada persona y garantizar el respeto a sus derechos?
MANUEL MONTOSA: Como se ha expuesto anteriormente, se emplean diversas técnicas de comunicación interpersonal, como la empatía, la asertividad, la escucha activa y la interpretación del lenguaje no verbal, recursos especialmente relevantes en los procesos de mediación.
El Grupo está integrado por agentes con formación universitaria en Criminología, Educación Social, Psicología y Magisterio. Esta diversidad de perfiles académicos aporta al equipo conocimientos técnicos multidisciplinares y una sólida conciencia social.
Es importante recordar que nuestra actuación se desarrolla al amparo de órdenes directas de fiscales y jueces, lo que nos exige un especial rigor en el respeto y la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
En muchas ocasiones, una vez finaliza la evaluación de la persona en el IML, el juez nos pide que la acompañemos al tribunal para realizarle una entrevista y que así su señoría pueda hacer una valoración de su situación y del proceso de acompañamiento.
La gestión documental y el seguimiento de las actuaciones forman parte del trabajo desarrollado en el ámbito de la mediación policial.
USECIM: 12 oficios dirigidos a la Fiscalía de Discapacidad y 10 al Juzgado de Primera Instancia número 11 en 2025. ¿Qué actuaciones se encuentran detrás de estas cifras y qué valoración realiza de los resultados obtenidos en la colaboración con ambos organismos?
MANUEL MONTOSA: Detrás de esos números están Paco, María, Juan… personas reales que necesitan apoyos para tener una vida digna y desarrollarse plenamente en nuestra sociedad.
Somos testigos del sufrimiento de las familias que ven cómo sus seres queridos se van deteriorando al no tener acceso a determinados recursos que les permitirían vivir en comunidad.
Por otro lado, observamos cómo se va deteriorando la convivencia y crece la preocupación del entorno ante las conductas disruptivas de estas personas que provocan alteraciones en la paz social.
Este es un claro ejemplo de lo importante que resulta nuestra labor al contribuir a una gestión más eficaz de todas las instituciones, garantizando y asegurando el respeto a su dignidad y a una convivencia pacífica.
“Detrás de esos números están Paco, María, Juan… personas reales que necesitan apoyos para tener una vida digna y desarrollarse plenamente en nuestra sociedad”
USECIM: El protocolo de mediación policial aprobado en 2019 excluye del procedimiento ordinario de mediación determinados asuntos sometidos a la jurisdicción judicial. ¿Cómo se diferencian las nuevas actuaciones de colaboración judicial de las funciones tradicionales de mediación? ¿Existe algún protocolo o acuerdo específico con Fiscalía y los órganos judiciales, o estas intervenciones se articulan mediante requerimientos individualizados?
MANUEL MONTOSA: Los requerimientos de Fiscalía y del Tribunal de Instancia se registran dentro de una carpeta específica donde se les asigna un número de expediente concreto para diferenciarlos de los demás. El número de expediente se relaciona con el número de procedimiento del tribunal o Fiscalía para que se pueda realizar una trazabilidad del proceso.
Existe un borrador de acuerdo de colaboración entre el Decanato de Málaga y la Policía Local de Málaga, aunque aún está pendiente de firma.
USECIM: La experiencia acumulada en mediación policial y gestión de la diversidad ha permitido al Grupo desarrollar capacidades específicas de comunicación, negociación e intervención ante situaciones complejas. ¿En qué medida resultan útiles estas competencias profesionales en las actuaciones requeridas por Fiscalía y los tribunales?
MANUEL MONTOSA: Esas capacidades específicas de comunicación (asertividad, empatía, escucha activa y manejo del lenguaje no verbal) son herramientas fundamentales para crear vínculos de confianza entre las personas y los agentes mediadores.
Por poner un ejemplo, los agentes mediadores nos presentamos por nuestros nombres de pila para eliminar la barrera que pueda suponer la visión del uniforme. Ellos tratan con Manolo, Antonio, Jorge, Javi y José, personas como ellos que van a intentar ayudarles a mejorar su calidad de vida.
“Los agentes mediadores nos presentamos por nuestros nombres de pila para eliminar la barrera que pueda suponer la visión del uniforme”
USECIM: ¿Qué formación específica necesitan los agentes que participan en estas intervenciones, especialmente en materias relacionadas con discapacidad, salud mental, comunicación con personas vulnerables y procedimientos judiciales?
MANUEL MONTOSA: Todos los agentes del Grupo se enfrentan a un proceso de selección en el que se tienen en cuenta diversos aspectos, entre ellos, la sensibilidad que muestran hacia los problemas sociales.
Asimismo, la mayoría cuenta con formación universitaria en el ámbito social y formación específica en mediación policial y diversidad.
Estas competencias les capacitan para ofrecer una atención adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad, basada en el respeto a sus derechos fundamentales, la protección de su dignidad y la comprensión de sus circunstancias particulares.
La coordinación entre profesionales de distintos ámbitos resulta esencial para abordar situaciones de especial vulnerabilidad.
USECIM: La ampliación de responsabilidades obliga a compatibilizar las nuevas actuaciones con los servicios tradicionales del Grupo. ¿Cómo se ha organizado el trabajo, con qué recursos humanos y materiales cuentan y qué dificultades encuentran para atender ambos ámbitos de actividad?
MANUEL MONTOSA: Aunque cada procedimiento se asigna a un solo agente para favorecer el vínculo de confianza que debe establecerse, en la práctica, tanto a las entrevistas previas como al acompañamiento deben acudir en parejas. Es el mismo método que en los procesos de mediación policial tradicionales.
Una dificultad añadida radica en la planificación y asignación de cada requerimiento judicial a los agentes que estarán de servicio el día de la cita en el Instituto de Medicina Legal (IML), así como en la necesaria coordinación de las entrevistas y el trabajo previo que debe realizarse con la persona requerida antes de su comparecencia. Esta labor exige una organización cuidadosa de los recursos humanos y una adecuada distribución de las tareas para garantizar la continuidad y la eficacia de las intervenciones.
En la actualidad, el Grupo está integrado por seis agentes y un subinspector. No obstante, está previsto que próximamente se inicie un nuevo proceso de selección, con el objetivo de incorporar dos nuevos efectivos y reforzar la capacidad operativa del Grupo.
USECIM: Durante 2025, el Grupo tramitó 290 expedientes, de los cuales 254 correspondieron a mediación policial y 36 a gestión de la diversidad. ¿Cómo se contabilizan las actuaciones de colaboración judicial dentro de la actividad del Grupo y qué evolución han experimentado desde que comenzaron a asumir estas nuevas funciones?
MANUEL MONTOSA: Cuando el Grupo comenzó a atender los requerimientos procedentes de la Fiscalía y los tribunales, surgió la necesidad de establecer un criterio para su registro y contabilización. Con el fin de agilizar su gestión y mantener una organización práctica y funcional, se optó por incorporarlos a una carpeta específica en la que se agrupan los distintos expedientes tramitados por el Grupo.
A lo largo de 2025, la totalidad de estos requerimientos se atendió y resolvió satisfactoriamente. La evolución de este servicio ha puesto de manifiesto un incremento de los requerimientos durante 2026, lo que evidencia la creciente carga de trabajo que asume el Grupo. Ante esta situación, la Jefatura ha considerado necesario reforzar los recursos humanos del equipo de cara a 2027, ampliando su dotación de personal.
USECIM: Más allá del número de expedientes y oficios tramitados, ¿qué criterios utilizan para evaluar los resultados de la colaboración con Fiscalía y los órganos judiciales? ¿Han identificado mejoras concretas en la atención a las personas afectadas o en el desarrollo de las actuaciones requeridas?
MANUEL MONTOSA: El principal indicador de evaluación es el grado de cumplimiento efectivo de los requerimientos efectuados por la Administración de Justicia. En este sentido, tal y como he expuesto anteriormente, durante el año 2025 las diligencias judiciales encomendadas fueron atendidas y resueltas satisfactoriamente.
Asimismo, el seguimiento de los casos permite, en numerosas ocasiones, obtener información sobre la evolución y los progresos de las personas afectadas a través de sus familiares y vecinos. En otros supuestos, son los propios Servicios Sociales los que nos facilitan información sobre los recursos asistenciales y las medidas de apoyo a las que ha podido acceder la persona requerida, lo que nos permite conocer su situación y valorar los resultados de las actuaciones realizadas.
“La seguridad exige anticiparse a los acontecimientos, ir un paso por delante y ser capaces de detectar los problemas antes de que se manifiesten o alcancen una dimensión mayor”
USECIM: La experiencia de Málaga plantea nuevas posibilidades de especialización para las policías locales. Desde su experiencia, ¿qué condiciones organizativas, jurídicas y formativas considera necesarias para que otras plantillas puedan desarrollar funciones de colaboración similares?
MANUEL MONTOSA: La primera condición consiste en desarrollar una conciencia preventiva y proactiva ante los problemas de convivencia y los posibles conflictos. La seguridad exige anticiparse a los acontecimientos, ir un paso por delante y ser capaces de detectar los problemas antes de que se manifiesten o alcancen una dimensión mayor. Es lo que denomino «inteligencia social»: conocer de primera mano lo que está sucediendo en los barrios, en las comunidades de vecinos, en las asociaciones y en las distintas instituciones sociales y sanitarias, manteniendo una conexión permanente con la realidad del entorno.
Por otro lado, este enfoque requiere un cambio de actitud en las propias organizaciones policiales, que deben mostrarse abiertas a la transformación, a la innovación y a la exploración de nuevos ámbitos de actuación en el ejercicio de sus funciones.
Desde mi experiencia, los procesos de cambio en las instituciones policiales suelen ser lentos y requieren tiempo para consolidarse. Además, la asignación de recursos humanos y materiales suele estar condicionada por los resultados obtenidos, lo que provoca que, especialmente en las fases iniciales de cualquier innovación, el esfuerzo necesario para ponerla en marcha sea considerablemente mayor.
ENTREVISTADO
Manuel Montosa Alba
Responsable del Grupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad de la Policía Local de Málaga.
Subinspector Manuel Montosa Alba, Jefe del Grupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad.
USECIM: Tras más de una década de actividad y las sucesivas ampliaciones de competencias, ¿cuáles son los principales retos y objetivos del Grupo para consolidar esta nueva etapa de colaboración con la Administración de Justicia?
MANUEL MONTOSA: Los principales retos y objetivos del Grupo se centran en consolidar y fortalecer las líneas de colaboración y coordinación establecidas con la Fiscalía, los órganos judiciales y el IML. Asimismo, resulta fundamental mantener y reforzar los canales de comunicación y cooperación con los distintos servicios municipales y sanitarios.
La colaboración interinstitucional constituye un elemento esencial para prevenir y abordar los problemas sociales y de seguridad, así como promover una convivencia positiva y fortalecer la cohesión social. Todo ello desde una perspectiva integradora, orientada a garantizar una atención adecuada a las personas y evitar que cualquier colectivo o ciudadano quede excluido o desatendido.
OSCAR ETXEBARRIA
Nota editorial: Algunas de las imágenes que ilustran esta entrevista han sido recreadas mediante inteligencia artificial y no representan actuaciones reales de la Policía Local de Málaga.
