Después de recibir denuncias de numerosos letrados de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, la Cadena Ser informa que desde hace meses, los inmigrantes llegados a las islas se encuentran sin derecho a asistencia jurídica ni a traductores.
No tienen acceso a un abogado, ni a traductores y, según denuncian distintas fuentes a la SER, muchos de éstos se limitan a traducir que firmen el papel de turno. De hecho, estos abogados aseguran que solo disponen de un traductor por patera o cayuco, en ocasiones compuestos por más de 160 viajeros.
Sin derecho a asistencia jurídica ni a traductores, se les está abriendo orden de expulsión que la Policía notifica a los abogados que no han tenido contacto alguno con sus clientes
Según numerosos testimonios de abogados, a la gran la mayoría de los llegados en las últimas semanas se les está abriendo orden de expulsión que la Policía notifica a los abogados en comisaría y los letrados las firman sin ni siquiera haber tenido contacto alguno con su cliente.
«Una de las posibles soluciones al problema es formar mejor a los abogados del turno de oficio en materia de Extranjería. Un abogado que atiende a un inmigrante tiene que saber de Extranjería», reconoce a la SER Arcadio Díaz Tejera, juez de vigilancia y control del CIE de Gran Canaria.
«El campamento de Arguineguín no es legal»
Los inmigrantes llegados deberían de estar en un lugar adecuado durante 72 horas, por lo normal en comisaría o en centros habilitados, en las que la Policía les realiza análisis PCR, les toma la filiación, etc. Pero en la actualidades hay casos documentados que están en Arguineguín hasta 15 días y sin cobertura legal.
En el campamento existe una situación de hecho sin cobertura jurídica. Todos tendrían que pasar por comisaría y de allí al juzgado, el abogado debería tener una conversación privada con su idioma materno (no tan sólo en inglés y francés, como es habitual) para después comparecer ante el juez y que el fiscal pida internamiento en el CIE, si es susceptible de expulsión y, de lo contrario enviarlos a un recurso social. Salvo el que pudiera dar positivo en Covid-19 o esté en cuarentena, todos los demás están en situación de libertad, por lo que no es comprensible que sigan allí si no tienen orden de detención.
FUENTE: Cadena Ser
